Grado en Derecho — Universidad Francisco de Vitoria

La Universidad Francisco de Vitoria imparte su Grado en Derecho en modalidad presencial en Pozuelo de Alarcón, dentro de la Comunidad de Madrid, en una facultad que la propia universidad denomina Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, un nombre que ya anticipa un enfoque que combina la formación jurídica con contenidos de empresa y de gestión pública.

Plan de estudios

De los 240 créditos ECTS del plan, repartidos en cuatro cursos académicos, 60 son de formación básica, 159 de materias obligatorias, 9 de optatividad y 6 de Trabajo Fin de Grado. Es, dentro de este catálogo comparado, uno de los planes con menor margen de optatividad y mayor peso de materias obligatorias, un diseño que apunta a un itinerario formativo más cerrado y menos personalizable que el de otras universidades. El título está inscrito en el RUCT con el código 2504641, evaluado por la Fundación para el Conocimiento Madrimasd, dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Fuente: RUCT, código 2504641, consultado el 07/09/2026.

Universidad y ciudad verificadas de forma independiente contra el RUCT.

Acceso al grado

Al tratarse de una universidad privada, la Universidad Francisco de Vitoria gestiona su propio proceso de admisión, distinto de la adjudicación pública por nota de corte, aunque los requisitos académicos de partida son los generales del sistema español: EBAU, Formación Profesional, titulación universitaria previa, o las convocatorias para mayores de 25, 40 y 45 años. Quien proceda de un sistema educativo extranjero necesita homologar su expediente antes de solicitar plaza. Los detalles concretos del proceso de admisión conviene consultarlos en la web de la universidad.

Salidas profesionales

El propio nombre de la facultad, Derecho, Empresa y Gobierno, resulta orientativo sobre el enfoque de las salidas profesionales que promueve esta universidad, aunque conviene aclarar primero un punto común a cualquier grado en Derecho de España: el título no habilita por sí solo para ejercer como abogado. Hace falta, según establece la Ley 34/2006, sumar al grado un máster de acceso a la abogacía, aprobar una prueba de evaluación de ámbito estatal y colegiarse antes de poder litigar.

Para quien se orienta hacia la judicatura, la carrera fiscal, el notariado o los registros de la propiedad y mercantiles, el camino pasa por la oposición pública, con formación posterior en la Escuela Judicial en el caso de jueces y fiscales.

El peso relativo que este plan de estudios da a la vertiente empresarial y de gobierno sugiere que buena parte del alumnado se orienta hacia la asesoría jurídica en empresas privadas, un itinerario que no exige colegiación ni examen estatal, aunque suele valorarse una especialización de posgrado adicional, o hacia puestos de gestión y gobierno corporativo donde la formación jurídica se combina con conocimientos de empresa. El grado también da acceso, por oposición, a numerosos cuerpos de la función pública, y el hecho de estar en Madrid, sede de buena parte de las administraciones estatales y de las sedes centrales de grandes empresas y despachos, suele facilitar el acceso a prácticas y a un primer empleo sin necesidad de trasladarse.

El bajo peso de la optatividad en este plan, 9 créditos frente a los 24 o 30 de otras universidades del catálogo, implica en la práctica que el margen para personalizar el itinerario dentro del propio grado es limitado, y que quien busque una especialización marcada tendrá que construirla sobre todo en el posgrado, ya sea con el máster de acceso a la abogacía o con un máster de especialización previo a ese.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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