Grado en Derecho — Universidad de Granada
El Grado en Derecho de la Universidad de Granada se imparte en modalidad presencial en su Facultad de Derecho, una de las facultades de Derecho más grandes y con más tradición de toda Andalucía, dentro de una universidad que sitúa a Granada como uno de los principales polos universitarios del sur de España.
Plan de estudios
Los dos primeros cursos cubren la formación jurídica básica común a todas las universidades, constitucional, civil, penal, romano. A partir de 3º y 4º, el estudiante cursa 55 créditos de optatividad, pudiendo elegir uno de cinco itinerarios de especialización: Derecho de la Empresa, Función y Administración Pública, Jurisdicción y otros Sistemas de Solución de Conflictos, Derecho Inmobiliario y Medio Ambiente, y Derecho de Obligaciones y Consumo. Esta estructura por itinerarios es, dentro del catálogo comparado, una de las más desarrolladas en cuanto a especialización temprana, más cercana a un modelo de mención que a la simple elección suelta de asignaturas optativas.
Las Prácticas Externas, 6 créditos obligatorios, se cursan en el segundo cuatrimestre de 4º curso, con una carga de 60 horas repartidas en 12 días. El Trabajo Fin de Grado, 6 créditos, consiste en un proyecto tutelado de iniciación a la investigación o en un dictamen jurídico, dos modalidades que permiten al alumnado orientar ese trabajo final hacia la vía académica o hacia la práctica profesional, según cuál sea su itinerario preferente.
Acceso y nota de corte
El acceso se realiza a través de la EvAU. Derecho comparte campus con la afamada Facultad de Traducción e Interpretación de la UGR, aunque tiene notas de corte generalmente más accesibles que ésta. Como en el resto de universidades públicas españolas, también existen vías de acceso desde Formación Profesional, para titulados universitarios que cursan un segundo grado, y para mayores de 25, 40 y 45 años; quien proceda de un sistema educativo extranjero necesita homologar previamente su expediente.
Salidas profesionales
Los cinco itinerarios de especialización de este plan de estudios dan una pista bastante clara de por dónde se orientan las salidas profesionales más habituales del grado en Granada, pero conviene no confundir la especialización académica con la habilitación profesional. Terminar el grado, curse el itinerario que curse el alumnado, no habilita por sí solo para ejercer como abogado: la Ley 34/2006 exige cursar además un máster de acceso a la abogacía, superar una prueba de evaluación estatal y colegiarse.
Quien se decante por el itinerario de Función y Administración Pública suele orientarse hacia la oposición, ya sea a judicatura, carrera fiscal, notariado, registros de la propiedad y mercantiles, o hacia el amplio abanico de cuerpos de la función pública en sus distintos niveles administrativos. En el caso de jueces y fiscales, aprobar la oposición se completa con formación posterior en la Escuela Judicial.
El itinerario de Derecho de la Empresa conecta de forma bastante directa con la asesoría jurídica en el sector privado, una salida que no exige colegiación ni examen estatal, aunque suele valorarse contar con una especialización de posgrado adicional. El itinerario de Derecho Inmobiliario y Medio Ambiente, por su parte, abre camino tanto hacia el notariado y los registros como hacia la asesoría especializada en urbanismo y medio ambiente dentro de despachos o administraciones. Y quien combina cualquiera de estos itinerarios con idiomas encuentra también recorrido en el ámbito internacional, un perfil cada vez más demandado por despachos y organismos con actividad exterior.
Más información
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Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS
Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.
Vías de acceso al grado
El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.
Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía
El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.
Documentación y matrícula
Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.
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Fuente oficial
Este título figura en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación. Se imparte en: Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla, Facultad de Derecho.