Grado en Derecho — Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ofrece el Grado en Derecho en modalidad presencial, en la propia ciudad de Huelva, dentro de una oferta académica pública consolidada en el suroeste de Andalucía.

Plan de estudios

Los 240 créditos ECTS del plan, repartidos en cuatro cursos académicos, se organizan así: 60 créditos de formación básica, 120 créditos de materias obligatorias, 46 créditos de optatividad, 8 créditos de prácticas externas y 6 créditos de Trabajo Fin de Grado. Es, dentro de este mismo catálogo, uno de los planes con mayor peso relativo de optatividad, 46 créditos, lo que da margen para construir un itinerario más personalizado en los últimos cursos. El título está inscrito en el RUCT con el código 2501256, evaluado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Fuente: RUCT, código 2501256, consultado el 07/09/2026.

Universidad y ciudad verificadas de forma independiente contra el RUCT.

Acceso al grado

Se accede por las vías generales del sistema universitario español: EBAU, Formación Profesional, titulación universitaria previa, o las convocatorias para mayores de 25, 40 y 45 años. Los estudios extranjeros requieren homologación o convalidación previa. La nota de corte varía cada curso según la oferta y la demanda de plazas, por lo que conviene comprobarla en la web de la Universidad de Huelva antes de la preinscripción.

Salidas profesionales

Hay que aclarar, antes de nada, que graduarse en Derecho no habilita por sí solo para ejercer como abogado en ningún caso. La Ley 34/2006 obliga a cursar, además, un máster de acceso a la abogacía, superar una prueba de evaluación estatal y colegiarse.

El bloque de prácticas externas de 8 créditos, uno de los más amplios del catálogo comparado, ofrece a todo el alumnado un contacto obligatorio con el ejercicio real de la profesión antes de terminar el grado, ya sea en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública.

Para la judicatura, la carrera fiscal, el notariado y los registros de la propiedad y mercantiles, el itinerario pasa por preparar y superar una oposición pública, seguida en el caso de jueces y fiscales de un periodo de formación en la Escuela Judicial antes de la toma de posesión. La asesoría jurídica en empresas privadas, por su parte, no exige colegiación ni examen estatal, aunque la especialización de posgrado suele marcar la diferencia. El grado también permite, por oposición, incorporarse a numerosos cuerpos de la función pública, y el amplio margen de optatividad de este plan de estudios facilita orientar parte de la formación hacia derecho internacional o derecho de la empresa para quien busca ese perfil.

El elevado número de créditos optativos, 46 en total, es un dato que conviene tener presente al comparar este plan con el de otras universidades del catálogo: en la práctica supone casi un curso completo de margen para especializarse, frente a planes donde ese margen se reduce a 18 o 24 créditos, lo que da a este grado un perfil algo más flexible que el de universidades con una estructura más rígida de obligatoriedad. Combinado con las 8 créditos de prácticas externas, el resultado es un plan con un peso comparativamente alto de formación aplicada frente a la puramente teórica, algo que puede resultar atractivo para quien prefiere aprender con un enfoque más cercano al ejercicio real de la profesión desde los primeros cursos.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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