Grado en Derecho — Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo ofrece el Grado en Derecho en modalidad presencial, en la ciudad de Oviedo, dentro de una oferta académica que combina tradición jurídica con un campus urbano consolidado. Es una opción habitual para quienes buscan estudiar Derecho en Asturias sin salir de la comunidad autónoma, ya que se trata de la única universidad pública de la región.

Plan de estudios

El título tiene una carga total de 240 créditos ECTS, repartidos en cuatro cursos académicos de modalidad presencial, y se encuadra dentro de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Como en el resto de grados en Derecho de España, la estructura combina un bloque inicial de formación básica común (constitucional, civil, penal, entre otras) con asignaturas obligatorias de especialidad y un margen de optatividad en los últimos cursos, cerrando el plan con el Trabajo Fin de Grado. Esta información procede de uniovi.es, consultada el 07/09/2026.

La universidad y la ciudad de impartición han sido verificadas de forma independiente contra el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, lo que garantiza que el título figura como oficial y vigente.

Acceso al grado

El acceso ordinario se realiza tras superar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), aunque también existen vías específicas para quienes proceden de Formación Profesional, para titulados universitarios que quieren cursar un segundo grado, y para mayores de 25, 40 o 45 años que cumplan los requisitos legales de cada convocatoria. Quienes han estudiado en el extranjero pueden acceder mediante la homologación o convalidación de su expediente conforme a la normativa vigente. La nota de corte concreta varía cada curso según la demanda de plazas y no se fija de antemano, por lo que conviene consultarla directamente en la secretaría de la Universidad de Oviedo antes de formalizar la preinscripción.

Salidas profesionales

Conviene aclarar de entrada algo que suele generar confusión entre quienes empiezan a informarse sobre esta carrera: terminar el Grado en Derecho no habilita de forma automática para ejercer como abogado. Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, quien quiera dedicarse a la abogacía o a la procura tiene que completar además un máster de acceso específico, superar una prueba de evaluación de ámbito estatal y colegiarse en el colegio profesional correspondiente. Es un itinerario añadido al grado, no una formalidad menor.

Para quienes se orientan hacia la judicatura, la carrera fiscal, el notariado o los registros de la propiedad y mercantiles, el camino pasa por la oposición pública, procesos selectivos exigentes que, en el caso de jueces y fiscales, se completan con formación posterior en la Escuela Judicial. Es una vía distinta a la de la abogacía, con sus propios plazos y su propia preparación.

No todas las salidas del grado pasan por oposiciones o exámenes de acceso, sin embargo. La asesoría jurídica en empresas privadas, despachos corporativos o departamentos de cumplimiento normativo no exige colegiación obligatoria ni superar ninguna prueba estatal, aunque en la práctica suele valorarse positivamente una especialización de posgrado. También hay un amplio abanico de cuerpos de la función pública, estatal, autonómica o local, a los que se accede por oposición con el grado en Derecho como titulación habilitante de partida. Y quienes combinan la carrera con un buen dominio de idiomas encuentran también recorrido en organismos internacionales o en despachos con proyección exterior.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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