Grado en Derecho — Universidad de La Laguna

En Canarias, la Universidad de La Laguna imparte el Grado en Derecho en modalidad presencial, en San Cristóbal de La Laguna, dentro de la isla de Tenerife, siendo una de las principales referencias para estudiar Derecho en el archipiélago.

Plan de estudios

El plan de estudios comprende 240 créditos ECTS repartidos en cuatro cursos, en modalidad presencial. Desde el curso 2023-2024 está vigente el plan G062, aprobado mediante una modificación publicada en el BOE por Resolución de 28 de agosto de 2023, que sustituye al plan anterior, el G036, actualmente en proceso de extinción. Quien inició sus estudios bajo el plan antiguo puede seguir cursándolo hasta su finalización, mientras que el nuevo alumnado se incorpora directamente al plan G062. Fuente: ull.es y BOE, consultado el 07/09/2026.

Universidad y ciudad verificadas de forma independiente contra el RUCT.

Acceso al grado

El acceso sigue las vías generales del sistema universitario español: EBAU, Formación Profesional, titulación universitaria previa, o las convocatorias para mayores de 25, 40 y 45 años. Quien haya estudiado fuera de España debe homologar o convalidar previamente su expediente. La nota de corte cambia cada curso según la oferta de plazas disponibles y la demanda, por lo que conviene consultarla directamente en la web de la Universidad de La Laguna antes de formalizar la matrícula.

Salidas profesionales

El cambio de plan de estudios en 2023 no afecta a una cuestión de fondo que sigue igual bajo cualquier plan: terminar el grado no habilita automáticamente para ejercer la abogacía. La Ley 34/2006 exige, para poder litigar, cursar un máster de acceso a la abogacía, superar una prueba de evaluación estatal y colegiarse.

Judicatura, carrera fiscal, notariado y registros de la propiedad y mercantiles se acceden mediante oposición pública, con una fase de formación posterior en la Escuela Judicial en el caso de jueces y fiscales. Son procesos selectivos exigentes, pero con una salida profesional estable a largo plazo.

También hay recorrido fuera de las oposiciones. La asesoría jurídica en empresas privadas no exige colegiación ni prueba estatal, aunque contar con una especialización de posgrado suele marcar la diferencia. El grado abre además el acceso, por oposición, a numerosos cuerpos de la función pública, tanto insular como autonómica y estatal, un ámbito con especial peso en Canarias por la propia estructura administrativa del archipiélago. Y quien combina la formación jurídica con idiomas encuentra oportunidades en el ámbito internacional.

La estructura administrativa propia de Canarias, con cabildos insulares además de ayuntamientos y gobierno autonómico, añade un nivel adicional de oposiciones y plazas públicas que no existe en la mayoría de comunidades autónomas peninsulares, algo que suele influir en el peso relativo que este itinerario tiene entre el alumnado de la Universidad de La Laguna a la hora de decidir su salida profesional. La condición insular también se traduce en particularidades fiscales propias del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, un contenido que algunas asignaturas del itinerario tributario del grado tratan con mayor detalle que en universidades peninsulares. La condición de campus de referencia para toda la provincia, con estudiantado procedente tanto de Tenerife como del resto del archipiélago, aporta además una diversidad geográfica dentro del propio grupo de clase poco habitual en facultades de Derecho de ciudades de tamaño similar en la península.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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