Grado en Derecho — Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra, con sede en Pamplona, es una de las universidades privadas con más tradición en la enseñanza del Derecho en España. Su Grado en Derecho se imparte en modalidad presencial y forma parte de una oferta académica consolidada dentro del área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Plan de estudios

De los 240 créditos ECTS del plan, repartidos en cuatro cursos académicos, 60 corresponden a formación básica, 141 a materias obligatorias, 30 a optatividad y 9 al Trabajo Fin de Grado, un peso relativo de optatividad y TFG algo mayor que el de la media de universidades públicas consultadas en este mismo catálogo. El título está inscrito en el RUCT con el código 2501235, evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos, código 2501235, consultado el 07/09/2026.

Universidad y ciudad verificadas de forma independiente contra el RUCT.

Acceso al grado

Al tratarse de una universidad privada, la Universidad de Navarra gestiona su propio proceso de admisión, que combina los requisitos académicos generales (EBAU, Formación Profesional, titulación previa, o las vías para mayores de 25, 40 y 45 años) con criterios propios de selección de la universidad, distintos a los de la admisión pública centralizada por nota de corte. Quien proceda de un sistema educativo extranjero necesita homologar o convalidar su expediente antes de solicitar plaza. Los detalles concretos del proceso de admisión conviene consultarlos directamente en la web de la universidad, ya que pueden variar de un curso a otro.

Salidas profesionales

El Grado en Derecho, se curse donde se curse, no habilita por sí mismo para ejercer como abogado, y la Universidad de Navarra no es una excepción a esa regla general. La Ley 34/2006 exige, para poder litigar y representar a clientes, cursar un máster de acceso a la abogacía, superar una prueba de evaluación estatal y colegiarse en el colegio profesional correspondiente.

Distinta es la vía de la judicatura, la carrera fiscal, el notariado y los registros de la propiedad y mercantiles, a los que se accede mediante oposición pública. Jueces y fiscales, además de aprobar la oposición, completan su formación en la Escuela Judicial antes de incorporarse a su destino.

Hay también salidas que no dependen de ninguna prueba selectiva del Estado. La asesoría jurídica en empresas, tanto en departamentos internos como en despachos que trabajan para el sector privado, es una de las más habituales entre egresados de universidades con fuerte orientación hacia el ámbito empresarial, y no exige colegiación ni examen estatal, aunque suele pesar bastante contar con una especialización de posgrado. El grado abre además, vía oposición, el acceso a numerosos cuerpos de la función pública, y la combinación de formación jurídica con idiomas suele traducirse en oportunidades dentro de organismos y empresas con actividad internacional.

Por tratarse de una universidad privada, la Universidad de Navarra suele acompañar el grado con un servicio propio de orientación y empleabilidad, y con un tejido de convenios con despachos y empresas que facilita las prácticas curriculares y extracurriculares en los últimos cursos. Ese acompañamiento no sustituye a ninguno de los requisitos legales descritos, colegiación, máster de acceso u oposición según la salida elegida, pero puede influir en el ritmo con el que el alumnado se incorpora al mercado laboral una vez terminado el grado.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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