Grado en Derecho — UNED

La UNED es la referencia nacional para quien quiere estudiar Derecho sin asistir a clase presencial. El Grado en Derecho se imparte en modalidad a distancia y online, con sede central en Madrid y una amplia red de centros asociados repartidos por toda España que ofrecen tutorías, apoyo y exámenes presenciales, lo que la convierte en una opción muy utilizada por quienes compaginan los estudios con un trabajo o con responsabilidades familiares.

Plan de estudios

Los 240 créditos ECTS del plan se distribuyen en cuatro cursos: 60 créditos de formación básica en primero y segundo, 168 créditos de materias obligatorias, 6 créditos de optatividad y 6 créditos de Trabajo Fin de Grado. Es un título oficial inscrito en el RUCT y publicado en el BOE, cuya acreditación se renovó por última vez en 2022. Como sucede con cualquier grado en Derecho impartido en España, este título tampoco habilita por sí solo para ejercer la abogacía, hace falta cursar además el Máster de Acceso a la Abogacía. Estos datos proceden de uned.es, consultado el 07/09/2026.

La universidad ha sido verificada de forma independiente contra el RUCT.

Acceso al grado

Al ser un grado a distancia, la UNED admite las mismas vías de acceso generales que el resto de universidades españolas: EBAU, Formación Profesional, titulación universitaria previa, y las convocatorias para mayores de 25, 40 y 45 años. Quien proceda de un sistema educativo extranjero debe tramitar la homologación o convalidación correspondiente antes de matricularse. A diferencia de muchas universidades presenciales, la UNED no suele funcionar con una nota de corte estricta que cierre el acceso, aunque conviene confirmar los requisitos concretos de cada convocatoria en su web oficial, ya que pueden variar.

Salidas profesionales

Antes de entrar en las salidas concretas, conviene despejar una duda muy frecuente entre el alumnado de la UNED: el título de Grado en Derecho, se curse en la modalidad que se curse, nunca habilita automáticamente para litigar como abogado. Desde 2006, la Ley 34/2006 obliga a completar un máster de acceso a la abogacía, superar una prueba estatal de evaluación y colegiarse, un itinerario que se añade al grado y no forma parte de él.

Quien aspire a la judicatura, a la carrera fiscal, al notariado o a los registros de la propiedad y mercantiles tiene que preparar y superar una oposición pública, con una fase posterior de formación en la Escuela Judicial en el caso concreto de jueces y fiscales. Es habitual que buena parte del alumnado de la UNED prepare estas oposiciones simultaneando el estudio con su actividad laboral, precisamente por la flexibilidad que ofrece la modalidad online.

Fuera del ámbito de las oposiciones, la asesoría jurídica en empresas y despachos privados es otra salida real y frecuente, que no exige colegiación ni examen estatal, aunque suele valorarse contar con formación de posgrado adicional. El grado también abre acceso, por oposición, a un abanico amplio de cuerpos de la función pública en sus distintos niveles administrativos, y ofrece recorrido en el ámbito internacional para quienes suman un buen nivel de idiomas a su formación jurídica de base.

La modalidad a distancia influye también en el perfil de quien elige este itinerario en la UNED: no es raro encontrar entre el alumnado a personas que ya ejercen en un ámbito relacionado (administración, gestoría, seguros) y buscan el grado en Derecho como vía de promoción interna, más que como primer acceso al mercado laboral tras terminar el Bachillerato.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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