Grado en Derecho — Universidad de Cantabria

Quien busque cursar Derecho en Cantabria tiene en la Universidad de Cantabria, con sede en Santander, la única opción pública de la región. El grado se imparte íntegramente en modalidad presencial y forma parte de la oferta académica consolidada de la Facultad de Derecho de la universidad.

Plan de estudios

El plan de estudios distribuye sus 240 créditos ECTS en cuatro cursos académicos así: 60 créditos de formación básica, 150 créditos de materias obligatorias, 24 créditos de optatividad y 6 créditos correspondientes al Trabajo Fin de Grado. Es un título oficial inscrito en el RUCT con el código 2501765, evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y encuadrado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Estos datos proceden del propio Registro de Universidades, Centros y Títulos, consultado el 07/09/2026 bajo ese mismo código.

Tanto la universidad como la ciudad de impartición han sido contrastadas de forma independiente con el RUCT, lo que confirma que el título está vigente y reconocido oficialmente.

Acceso al grado

Como en el resto de grados oficiales españoles, se puede acceder tras la EBAU, desde un ciclo formativo de grado superior, mediante el reconocimiento de una titulación universitaria previa, o a través de las convocatorias reservadas a mayores de 25, 40 y 45 años. Quien haya cursado estudios fuera de España necesita homologar o convalidar su expediente según la normativa vigente antes de solicitar plaza. La nota de corte no es un dato fijo, cambia cada curso en función de la oferta y la demanda, así que lo más fiable es consultarla directamente en la web de la Universidad de Cantabria en el periodo de preinscripción.

Salidas profesionales

Un matiz importante antes de hablar de salidas laborales: graduarse en Derecho no da por sí solo la capacidad legal de ejercer como abogado. La Ley 34/2006 introdujo un requisito adicional obligatorio, cursar un máster de acceso a la abogacía, aprobar una prueba de evaluación estatal y colegiarse, para poder litigar y representar a clientes ante los tribunales.

Otro bloque de salidas pasa directamente por la oposición pública: judicatura, carrera fiscal, notariado y los cuerpos de registradores de la propiedad y mercantiles. En el caso de jueces y fiscales, superar la oposición no es el final del camino, va seguido de un periodo de formación reglada en la Escuela Judicial antes de tomar posesión del cargo.

Existen también itinerarios que no dependen de ninguna prueba selectiva estatal. La asesoría jurídica dentro de empresas, ya sea en departamentos internos o en despachos que trabajan para el sector privado, no requiere colegiación ni examen de Estado, aunque una especialización de posgrado suele marcar la diferencia a la hora de acceder a los puestos más cualificados. El grado sirve además como puerta de entrada, mediante oposición, a numerosos cuerpos de la Administración pública en sus distintos niveles. Y para quien combina la formación jurídica con idiomas, se abre camino en organismos y empresas con proyección internacional, un perfil cada vez más demandado.

Cantabria cuenta con una única universidad pública, lo que concentra en Santander buena parte de la demanda regional de estudios jurídicos y se traduce en un grupo relativamente estable de estudiantes curso a curso, con una red de antiguos alumnos con presencia notable en el tejido profesional de la comunidad autónoma.

Cómo se organiza el curso: el sistema de créditos ECTS

Como el resto de grados oficiales del sistema universitario español, este título se mide en créditos ECTS (European Credit Transfer System), una unidad común a toda la Unión Europea pensada para que los títulos sean comparables y convalidables entre países. Cada crédito ECTS equivale, de forma orientativa, a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, contando tanto las clases presenciales como el estudio personal, las prácticas y la preparación de exámenes. Un curso académico completo suele suponer 60 créditos, lo que se traduce en una carga de trabajo considerable, motivo por el que la mayoría de universidades desaconsejan compaginar el grado a tiempo completo con una jornada laboral también completa, salvo en las modalidades a distancia pensadas específicamente para ese perfil de alumnado.

Vías de acceso al grado

El acceso a cualquier grado universitario oficial en España se rige por un marco común, independientemente de la universidad concreta. La vía ordinaria es la superación de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o Selectividad) tras el Bachillerato. Junto a ella existen vías específicas para quienes proceden de un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional, para quienes ya poseen una titulación universitaria y quieren cursar un segundo grado, y para las personas mayores de 25, 40 o 45 años que superen las pruebas de acceso reguladas para cada uno de esos tramos de edad. Quien haya cursado sus estudios previos en un sistema educativo extranjero necesita tramitar la homologación o la convalidación de su expediente ante el Ministerio de Educación antes de poder solicitar plaza. La nota de corte, en las universidades que la aplican, no es un valor fijo: se recalcula cada curso académico en función del número de plazas ofertadas y de la demanda real de solicitudes, de modo que la cifra de un año no garantiza el acceso al siguiente. Por eso, para cualquier dato de nota de corte, plazas concretas o calendario de preinscripción, la fuente fiable es siempre la propia universidad, no una cifra genérica.

Después del grado: el Máster de Acceso a la Abogacía

El marco legal vigente para el ejercicio de la abogacía y la procura en España es la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que exige a quien quiera litigar y representar a clientes ante los tribunales completar, además del grado, un máster universitario de acceso a la abogacía (o a la procura, según el caso). Ese máster incluye de forma obligatoria un periodo de prácticas externas, habitualmente en un despacho, en los servicios jurídicos de una empresa o de una administración pública, y concluye con una prueba de evaluación de la aptitud profesional convocada a nivel estatal, cuyo contenido y organización dependen del Ministerio de Justicia. Superar esa prueba es el último paso antes de poder colegiarse e incorporarse a un colegio de la abogacía o de procuradores para empezar a ejercer.

Documentación y matrícula

Para formalizar la matrícula en cualquier grado universitario oficial suele pedirse, con independencia de la universidad, el título de Bachillerato o equivalente, la certificación académica con las notas obtenidas en la EBAU o en la prueba de acceso correspondiente, el documento de identidad, y en el caso de menores de edad o de bonificaciones (familia numerosa, becas, matrícula de honor), la documentación acreditativa correspondiente. Quien acceda con estudios extranjeros necesita además la credencial de homologación o el volante de la UNED según el caso. Estos requisitos documentales son comunes a todo el sistema universitario español y conviene siempre confirmarlos con la secretaría de la universidad elegida, ya que los plazos de preinscripción y matrícula varían cada curso académico.

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